El caso Richter Morales no ha terminado. En 2022 Google fue ordenado a pagar 5,000 millones de pesos dado que la empresa fue encontrada responsable de no eliminar contenido de Blogger en el que el mexicano Ulrich Richter Morales fue difamado.
El Economista ha seguido de cerca el tema y ha notado que un tribunal en Ciudad de México le permitió a Google exentar el pago total y, en su lugar, le ordenó pagar 398 millones de pesos de fianza, en tanto el caso es resuelto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema es tan delicado que será el máximo tribunal de México el que decida si las plataformas tecnológicas tienen responsabilidad por el contenido que en ellas publican sus usuarios.
Google declaró a El Economista lo siguiente:
“Confirmamos que, como parte de nuestra defensa en el caso por daño moral en contra de Google, hemos obtenido la suspensión de la ejecución de la sentencia”.
Ulrich Richter Morales fue difamado a través del contenido “Ulrich Richter Morales y sus chingaderas a la patria”. Ulrich Richter argumentó por años que solicitó a Google eliminar el contenido que le provocó daños a su reputación. En 2021 un juzgado resolvió que Google debió haber eliminado el contenido y, al no hacerlo, se haría acreedor a una multa de 2,000 millones de pesos. Google apeló la decisión y el resultado fue la multa de 5,000 millones de pesos dictada en 2022.
Ulrich Richter ha sido abogado de Proceso, de TV Azteca y de Humberto Moreira. También tiene un amparo a favor del uso lúdico de la marihuana, retoma El Economista.
Libertad de expresión, el tema de fondo
La resolución definitiva del caso tendrá implicaciones y alcances que todavía son difíciles de prever en México. Esencialmente mandará un mensaje estricto, si se confirma la sentencia vigente, de que las plataformas son responsables por todo mensaje que habite en ellas. Las plataformas deberán tener controles firmes de los mensajes publicados y se convertirán en un árbitro que poca flexibilidad deben tener. Árbitros que, de no hacer su trabajo adecuadamente, pueden tener destinos similares a Google.
En el mejor de los casos el camino evitará que haya en el futuro casos como el de Richter Morales; en el peor, dará pauta abierta para que plataformas eliminen todo contenido potencialmente difamatorio, incluyendo mensajes de crítica o contenido deliberadamente modificado que no pretende hacerse pasar como auténtico.
A lo largo de los años no son pocas las legislaturas locales que discutieron o llegaron a aprobar iniciativas y reformas para modificar leyes locales y obligar a plataformas y redes sociales mensajes potencialmente difamatorios, memes incluidos. Sonora, Tamaulipas y San Luis Potosí son algunos de los estados que han intentado eliminar cualquier tipo de afirmaciones falsas en línea que no puedan constatarse. Sea por intervención del gobernador en turno, o hasta de la Suprema Corte, ninguna iniciativa ha terminado por concretarse.
Definir quién tiene el poder de decidir si una afirmación es verdadera o falsa es un poder muy grande en internet. Es una discusión antigua, pero a la par vigente, de grandes riesgos y consecuencias irreparables para quienes son objeto de difamaciones a través de la red. Con toda la carga que podría implicar y alcances todavía no definidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá en México a última palabra sobre el tema muy probablemente antes de que acabe 2023.
