A pesar de la afectación “más ruda” del Plan B de la reforma electoral que recortará al 72% de las plazas del servicio profesional del INE en Zacatecas, “no todo está perdido”, según dijo su vocal ejecutivo, Matías Chiquito Díaz de León.
A un día de que se publicó la reforma en el Diario Oficial de la Federación, el vocal ejecutivo explicó que se tienen cinco meses para implementar una ruta de solución, con la planificación y los cambios que permitan evitar que el próximo proceso electoral, que iniciaría en septiembre, se vea afectado.
En rueda de prensa estimó que a pesar del recorte de 18 vocales (pasando de 25 a sólo siete) la estructura seguirá siendo suficiente para atender las responsabilidades y enfrentar el proceso electoral.
Como parte de la planificación pendiente, se buscará la forma para cubrir las funciones de las extintas juntas distritales, las cuales se encargan de integrar el padrón electoral, determinan el número y la ubicación de las mesas directivas de casilla; y recluta, selecciona, contrata, capacita y evalúa al personal que apoya en las jornadas electorales, entre otras funciones.
En el estado se liquidará a cuatro funcionarios por cada una de las cuatro juntas distritales, así como a dos más de la junta local, misma que pasa de cinco a tres miembros.
Aclaró que los despidos no se darán “ni mañana ni en un mes” porque el Plan B no tiene efectos de aplicación inmediata, sino hasta agosto. Mientras tanto, el Instituto planificará y aprobará, con total libertad, un nuevo estatuto del servicio profesional electoral, un nuevo catálogo de cargos y un nuevo tabulador de sueldos.
En junio a más tardar, habrá una evaluación de desempeño de todo el servicio profesional electoral, para seleccionar a quienes se quedarán en los cargos y puestos que sobrevivirán a la reforma. Es posible que la evaluación sea realizada por un órgano externo, para dar legitimidad a los vocales que se queden en el INE.
Casi todos los vocales con más de 20 años de antigüedad
Aunque el cálculo exacto se realizará durante los próximos meses, en entrevista para El Sol de Zacatecas, Matías Chiquito estimó que las liquidaciones a nivel estatal tendrán un costo de entre 20 y 25 millones de pesos, lo cual dependerá principalmente de la antigüedad de cada funcionario.
Más del 50% de quienes ocupan las plazas que serán eliminadas supera los 20 años de servicio y por lo menos una tercera parte (seis funcionarios) tienen entre 30 y 32 años laborando para el Instituto.
El vocal ejecutivo mencionó que los profesionales de tres décadas de antigüedad estarían recibiendo cifras claramente superiores al millón de pesos, pues tendrían derecho a una compensación de 690 días de salario, es decir, casi dos años.
Díaz de León dio a conocer que el INE cuenta con un fideicomiso creado para el pago de liquidaciones que no supera los 300 millones de pesos, pero se requerirán más de mil 500 millones de pesos para el finiquito de los mil 264 profesionales que serán despedido en el país.
Si dentro de la estructura del INE hay agravios a los derechos laborales –dijo- los trabajadores pueden desahogar las vías legales que mejor les convenga como el amparo y el juicio laboral.