El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, apareció el martes en los medios internacionales con tres versiones diferentes sobre a quién sirven los paramilitares, que se presentan como encapuchados armados, en la represión de las manifestaciones opositoras. En su primera entrevista internacional aseguró para la cadena estadounidense «Fox News» que estos grupos estaban financiados por la oposición con el objetivo de derrotarle en un golpe de Estado; la segunda versión que dio fue que Estados Unidos era el responsable de la financiación de los paramilitares; y por último, en una entrevista difundida por «Euronews», Daniel Ortega definió a estos grupos violentos como «policía voluntaria». «El policía voluntario en operaciones especiales va enmascarado en tiempo normal. Incluso hay países en América Latina en que los jueces van enmascarados para que no les maten», sostuvo el presidente.
Disparidad en las cifras
Los encapuchados armados son señalados como los principales ejecutores de entre 295 y 448 muertos, registrados en las protestas desde el pasado 18 de abril, Aquí se centra la segunda polémica por las declaraciones de Daniel Ortega, porque el mandatario cifró en 195 los muertos por los enfrentamientos violentos entre Gobierno y oposición, cuando el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos ha registrado 302 fallecidos, y por su parte, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, en su informe preliminar, afirma que los tres meses de protestas han dejado 448 víctimas mortales, de entre ellos 383 civiles.
Según el mandatario nicaragüense, los organismos de derechos humanos «juntan todos, tanto a la gente fallecida en dichos enfrentamientos como el promedio de dos muertos diarios» que ya tenía el país antes de la crisis.
Por otra parte, Daniel Ortega descartó convocar elecciones antes de 2021, tal y como han recomendado diversos sectores de la población de Nicaragua y parte de la comunidad internacional y acusó a la OEA de «inmiscuirse en los asuntos internos» después de rechazar la propuesta de la organización de crear una «comisión especial» para dar seguimiento a la crisis.
A pesar de todo, el presidente nicaragüense se mostró dispuesto a reanudar el diálogo, con la mediación de la ONU y la participación de la Iglesia para buscar una salida.
La crisis está acelerando la emigración a otros países de la región. Ayer el portavoz de Acnur, William Spindler, explicó en una rueda de prensa que «de media, se registran unas 200 solicitudes de asilo diarias en Costa Rica. Desde abril, ya hay 8.000 y otras 15.000 personas tienen cita para presentar su petición».
